España celebra el dictamen, pero la Comisión y la presidencia seguirán adelante.
Autor: RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO
España ha recibido un balón de oxígeno judicial en la lucha a cara de perro que mantiene por preservar la lengua española en los procedimientos de la futura patente comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dictaminado que el plan de Bruselas de crear un tribunal competente sobre la materia y ajeno al propio tribunal de Luxemburgo “no es compatible con las disposiciones del Derecho de la Unión”. Diego López Garrido, secretario de Estados de Asuntos Europeos, mantiene que en esas circunstancias “el proyecto de patente comunitario no tiene viabilidad”. La Comisión y la presidencia húngara de turno responden que lo uno no afecta a lo otro y anuncian que el próximo día 10 la UE decidirá dotarse de una patente comunitaria por la vía expeditiva de la cooperación reforzada.
La creación de una patente comunitaria en la Unión es un viejo proyecto que ha cobrado nueva vida a la luz de la necesidad de incrementar la competitividad de las empresas europeas en un mundo globalizado. La Comisión gusta de decir que una patente cuesta en Estados Unidos 10 veces menos que su equivalente en la UE. Y en sus planes para crear un régimen único de patente baraja dar primacía al inglés, junto con el francés y el alemán, en detrimento de otras lenguas, entre ellas la española.
La idea es aceptada por 25 Gobiernos de la UE y repudiada por España e Italia, que defiende también la presencia del italiano. Como con el Tratado de Lisboa basta con el acuerdo conforme de nueve países para seguir adelante con un proyecto para que prospere como una cooperación reforzada, la Comisión y la presidencia húngara de turno dan por hecho que el próximo jueves el consejo de Competitividad de la Unión dará el visto bueno a proceder con la idea de la patente comunitaria.
Pero para que haya patente es crucial definir quién dirimirá los litigios que puedan surgir en torno a una patente y ahí es donde el Tribunal de Justicia de la UE ha dado un golpe en la mesa. Considera como injerencia ilegítima, en las atribuciones de las judicaturas nacionales y comunitaria, la idea de crear un tribunal especial y autónomo para dirimir diferendos sobre la patente comunitaria.
“Un órgano jurisdiccional internacional que se sitúa fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión privaría a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de sus competencias para la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión”, ha señalado el tribunal de Luxemburgo, que además apunta que semejante corte “también tendría incidencia en la competencia del Tribunal de Justicia”. En resumen, el tal tribunal es ilegal a ojos del derecho comunitario.
López Garrido considera que ese dictamen vacía de sentido la propuesta de hacer una cooperación reforzada que excluya a dos Estados (España e Italia), pero la Comisión y la presidencia insisten en que eso no afecta a sus planes de lanzar este jueves la patente comunitaria por el procedimiento de la cooperación reforzada y que más adelante darán respuesta a las objeciones del Tribunal de la UE. España intentará paralizar el mismo día todo el proyecto. Si, como es probable, no consigue convencer a la mayoría, López Garrido asegura que España buscará de nuevo el amparo del Tribunal contra un régimen que considera discriminatorio para la lengua española.
Fuente: El País.com
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